Garantizar la vida y la salud de los niños es un deber directo del Estado
Parlamento de Azerbaiyán expresó su postura ante las protestas multitudinarias y los casos de violaciones de los derechos
Las protestas en Francia, que comenzaron en medio del descontento por la situación del sistema educativo, el encarecimiento del coste de la vida y los problemas sociales, se extendieron el 17 de octubre a una región más amplia y abarcaron distintas ciudades del país. Según datos oficiales, ese día participaron en las manifestaciones 550.000 personas. Los disturbios, incendios provocados y saqueos registrados en París, Marsella, Lyon y otras ciudades ponen de manifiesto las graves dificultades a las que se enfrenta el Gobierno de Emmanuel Macron en materia de mantenimiento del orden público y protección de la seguridad de los ciudadanos.
Según informa AZERTAC, estas consideraciones se recogen en una declaración de Milli Majlis (Parlamento de Azerbaiyán), en la que expresa su postura ante las protestas multitudinarias y los casos de violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en Francia.
Se señaló que suscitan una indignación especial las informaciones sobre los actos de violencia policial contra menores de edad. Generan una profunda preocupación las noticias sobre el uso de porras, gases lacrimógenos, armas de impacto no letal y dispositivos especiales explosivos contra escolares, así como sobre la violencia física ejercida contra niños. Resulta especialmente estremecedor que, como consecuencia de la violencia policial, un adolescente de 15 años perdiera un brazo en Lens y una joven de 17 años perdiera la visión de un ojo en Mulhouse.
Proteger la vida y la salud de los niños es una obligación directa del Estado, y la necesidad de mantener el orden público no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, el uso de una fuerza desproporcionada contra ellos. Estos actos de violencia deben investigarse de manera independiente y transparente.
La detención de miles de personas durante las protestas multitudinarias, incluidos menores de edad, las restricciones a la circulación de manifestantes pacíficos y la prohibición de concentraciones en determinadas ciudades suscitan una seria preocupación en cuanto al respeto de la libertad de reunión y del principio de proporcionalidad. Solo en relación con los acontecimientos del 17 de octubre fueron detenidas unas 2.400 personas. Garantizar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente se deriva de las obligaciones internacionales del Estado francés, por lo que restringir este derecho resulta inaceptable.
También existen graves problemas en materia de seguridad pública y derechos fundamentales en los territorios franceses de ultramar. Tras los disturbios, los incendios provocados y los ataques contra establecimientos comerciales ocurridos durante la noche del 17 al 18 de octubre en Guadalupe, se impuso el toque de queda en varias localidades.
Por su parte, en Nueva Caledonia, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia declaró en enero de 2026 que se estaban deteriorando los derechos fundamentales de la población kanak, que la discriminación se estaba intensificando y que en los últimos años se habían recibido numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Estos casos evidencian los graves problemas a los que se enfrenta la dictadura del régimen de Macron a la hora de garantizar los derechos y la seguridad de las personas que viven en los territorios de ultramar, especialmente de los pueblos indígenas.
El Milli Majlis considera que los acontecimientos que tienen lugar en Francia no se limitan a infracciones aisladas del orden público, sino que constituyen una manifestación de la profunda crisis política y de gestión del Gobierno, así como del fracaso de su política para responder al descontento social y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por una parte, el régimen de Macron no ha logrado proteger a los manifestantes pacíficos, incluidos los niños, de la intervención policial desproporcionada; por otra, tampoco ha conseguido proteger a los ciudadanos y sus bienes frente a la violencia durante los disturbios. La cuestión de la responsabilidad política por los acontecimientos ocurridos no puede quedar sin atención.
Es evidente que el Estado francés y la dictadura del régimen de Macron, que pretenden impartir lecciones al mundo sobre derechos humanos, democracia y valores, atraviesan una profunda crisis política y de gestión.
Milli Majlis insta a Francia a impedir el uso de fuerza desproporcionada contra niños y manifestantes pacíficos, investigar exhaustivamente los incidentes que provocaron lesiones graves, garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley, proteger los derechos de las personas detenidas —especialmente los menores de edad— y respetar la libertad de reunión pacífica de los ciudadanos.
En particular, Milli Majlis condena enérgicamente que instituciones tan corruptas y moralmente desacreditadas como el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ignoren la vergüenza que se está produciendo en Francia, así como su enfoque selectivo en materia de derechos humanos y su aplicación de un doble rasero.
Existen serias dudas sobre la posibilidad de que las autoridades nacionales de investigación y los órganos judiciales franceses lleven a cabo investigaciones objetivas, imparciales y justas sobre los casos de violencia policial en el país. En este sentido, Milli Majlis insta a las organizaciones internacionales y, en particular, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una comisión internacional independiente de investigación con el fin de examinar exhaustivamente los casos de uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, incluidos menores de edad, y las violaciones de los derechos humanos.
Milli Majlis también exhorta al Parlamento francés, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a las instituciones de derechos humanos a expresar una postura firme ante los acontecimientos ocurridos, apoyar la realización de una investigación internacional independiente y exigir al régimen de Macron que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
